Una persecución de Gendarmería Nacional terminó llevando a los investigadores hasta un nuevo punto de venta de drogas en Rosario. En el inmueble encontraron cocaína que estaba siendo fraccionada y elementos utilizados para preparar dosis destinadas a la comercialización. La investigación derivó en la inactivación del lugar, ubicado en Tupac Amaru y Federico de la Barra, donde el gobierno provincial derribó este viernes otro búnker de drogas.
El procedimiento se realizó en el marco de la ley de Microtráfico y fue supervisado por la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Mercedes Banchio, y el secretario de Análisis y Gestión de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad, Esteban Santantino.
Según explicó Banchio, la investigación se inició a partir de la actuación de Gendarmería durante una persecución en flagrancia. La intervención permitió constatar que en el inmueble había cocaína en proceso de fraccionamiento, además de elementos de corte utilizados para preparar las dosis que luego se vendían directamente a los consumidores.
A partir de esas constataciones y del trabajo coordinado con el Ministerio de Justicia y Seguridad, se avanzó sobre el lugar. La investigación también permitió llevar a audiencia a una persona que residía en una propiedad lindera y que se adjudicaba el derecho de propiedad sobre el inmueble inactivado.
La fiscal explicó que la intervención sobre el punto de venta es apenas una parte de una investigación más amplia: determinar quiénes están detrás de la comercialización y qué grupos tienen el control territorial.
“Esta pequeña aprehensión en flagrancia nos lleva a estos lugares y nos permite seguir investigando desde la Fiscalía y la inteligencia coordinada, para poder llegar a saber quiénes son”, señaló Banchio.
La funcionaria advirtió que las personas que se encuentran en los puntos de venta muchas veces cumplen funciones subordinadas a estructuras de mayor alcance. Por eso, sostuvo que el objetivo de las investigaciones es avanzar sobre quienes tienen el manejo de esos espacios y evitar las disputas territoriales que pueden derivar en hechos de violencia.
“Muchas veces estas personas hacen una actividad subordinada a determinados grupos que sí tienen el manejo, y lo que nos preocupa y priorizamos es que esos manejos llevan a disputas territoriales que traen violencia, y es lo que debemos evitar”, afirmó.
El secretario Esteban Santantino también puso el foco en la necesidad de mantener el seguimiento de los lugares intervenidos. Explicó que, aunque los inmuebles quedan inutilizados para continuar con la actividad ilegal, eso no garantiza que la venta de drogas desaparezca de la zona.
Por ese motivo, indicó que el gobierno provincial monitorea cada uno de los puntos inactivados, presta atención a las denuncias de los vecinos y sigue los indicadores de violencia para detectar si la comercialización se desplaza o cambia de modalidad.
Con el procedimiento de este viernes, Rosario llegó a 93 inmuebles vinculados con la narcocriminalidad inactivados durante la gestión de Maximiliano Pullaro. En toda la provincia de Santa Fe, la cifra asciende a 155.
FUENTE: Diario La Capital
